Dos jóvenes, que estaban presos e investigados por su participación en los desmanes ocurridos en las protestas sociales de 2021, fueron dejados en libertad para que comiencen sus tareas como voceros de paz, informaron este miércoles fuentes oficiales.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia las dos personas que recuperaron su libertad son Adriana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez, que hicieron parte de la "primera línea", llamados así por estar al frente de las protestas e interponerse entre la fuerza pública y los manifestantes con cascos y escudos caseros.

Bermeo estaba en la cárcel de El Pedregal, en Medellín, en tanto que Márquez, estudiante de Pedagogía, estaba recluido en la penitenciaría Palogordo, de Girón, Santander. Ambos fueron capturados a finales del año pasado en Bogotá.

El trámite para la liberación fue llevado ante el grupo de libertades del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, el cual expidió las órdenes de libertad de los jóvenes que, según el Gobierno, pueden desarrollar labores para contribuir en el desescalamiento de la conflictividad social.

Su liberación se da luego de que el Ejecutivo expidió un decreto en el que le daba la posibilidad a una Comisión Intersectorial de recomendar la liberación de personas detenidas por hechos violentos en el paro para que pasen a ser voceras de la paz.

El Gobierno colombiano nombró la semana pasada a las primeras siete personas que serán voceros de paz, una figura para promover la reconciliación entre los colombianos.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó en esa ocasión que los cinco hombres y las dos mujeres "están siendo investigados y no han sido condenados" y que sus casos siguen en la Justicia.

Se les investiga por delitos como concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, obstrucción de vías públicas o violencia contra servidor público, pero en ningún caso por delitos de lesa humanidad o sexuales.

El anuncio de que el Gobierno dejará en libertad de jóvenes de la llamada "primera línea" ha traído mucha polémica en Colombia, sobre todo porque entre esos detenidos hay personas acusadas por delitos muy graves como torturas o terrorismo.

EFE